Ganan amparo contra hidroeléctrica pobladores de Coyomeapan (Puebla)
Edgar Barrios / El Sol de Puebla
“El proyecto hidroeléctrico tiene como objetivo principal dotar de energía eléctrica a las empresas mineras asentadas en la Sierra Norte de Puebla; no tiene como objeto un beneficio para la población, sino un interés económico de un grupo empresarial”, consideró el abogado de la causa, Leonel Rivero, al hablar del amparo ganado por la comunidad nahua de Huitzilatl, en Coyomeapan, en una batalla legal que definió como David contra Goliat.
La acción legal emprendida por esa comunidad indígena resultó efectiva, metafóricamente se puede decir que David le ganó la primera batalla a Goliat, sin embargo, el gigante no está totalmente derrotado, ambas empresas aún pueden promover la revisión del amparo, por lo que la comunidad deberá seguir adelante con su proceso organizativo y prepararse para la continuación de su lucha, la cual probablemente tenga como campo de batalla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió el reconocido abogado.
Para el también coordinador general de la asociación civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos, la concesión del amparo a favor de la comunidad indígena de Huitzilatl, otorgada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Culiacán (Sinaloa): “cierra el primer capítulo de una confrontación equiparada a la mítica lucha que sostuvo David contra Goliat y puso frente a frente a una comunidad indígena y a dos empresas con gran poder económico”.
Destacó que la construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, en los municipios de Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, impulsada por Proyectos Hidroeléctricos de Puebla y Compañía Hidroeléctrica de Puebla, es para generar energía eléctrica mediante la construcción de dos subsistemas, denominados Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa.
Sin tomar en cuenta el consentimiento de las comunidades indígenas, el 23 de marzo de 2016, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado por esas empresas.
Al conocer la existencia del proyecto, la comunidad promovió el juicio de amparo reclamando la violación de los derechos, a la igualdad y no discriminación a la preservación del territorio, a la familia, alimentación, salud, agua, medio ambiente sano, vivienda, cultura, deporte y al interés superior del niño, interdependientes del derecho a la consulta.